La ley de implementación del Código Procesal Penal no es la única que viene recorriendo los despachos judiciales para tratar de conseguir adhesiones: hace largo tiempo que se viene trabajando en el borrador de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que ya fue puesto a consideración de los fiscales más cercanos a las filas de la procuradora Alejandra Gils Carbó.

Si bien el proyecto de implementación del Procesal Penal es el que se encuentra a un paso de ingresar al Congreso para su tratamiento, desde el Ejecutivo no pretenden que la ley del MPF vea la luz hasta tanto no se sepa la suerte del proyecto de implementación del Código, que en varios aspectos allanará el camino de la segunda iniciativa.

Un fuerte reclamo que ya comenzó a circular por parte de la oposición refiere justamente a la salida escalonada de los proyectos ya que, según entienden los legisladores opositores y diferentes actores judiciales consultados, debería ponerse a debate un paquete que contenga la Ley de Implementación del Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, la Ley del Ministerio Público de la Defensa, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley que adecúa el Código Penal al principio de oportunidad y la conversión de la acción pública, todas con un importante nivel de relación entre sí.

En este cambio de ingeniería judicial, el proyecto que algunos fiscales tienen a estudio desde hace tiempo busca un esquema más "flexible" que el actual: deja atrás la llamada organización en espejo donde por cada juzgado o cámara había un fiscal interviniente (por ejemplo, juez de instrucción - fiscal de instrucción), para plantear un modelo de mayor flexibilidad organizado por distritos, en el que intervendrá un conjunto de fiscales que entenderán en cada caso, de acuerdo a una serie de pautas que la nueva modalidad propone.

Esta nueva arquitectura ya genera cierto desconcierto entre los actores judiciales que no terminan de vislumbrar de qué manera será llevado el proyecto a la práctica, conservando las garantías necesarias del debido proceso.

"El nuevo Código Procesal Penal de la Nación sancionado por Ley N° 27.063 deposita en el Ministerio Público Fiscal de la Nación el deber de investigar los delitos, asignándole un lugar central en el procedimiento y forzándolo a adoptar un modelo organizacional moderno, capacitado para cumplir adecuadamente con sus deberes legales en el marco de modelo acusatorio", puede leerse como uno de los argumentos más fuertes por los que se da paso a esta reforma. Y en este punto, destaca el espíritu del nuevo sistema: "Solamente incorporando nuevas formas de trabajo y un diseño institucional flexible y dinámico, el Ministerio Público Fiscal de la Nación se encontrará en condiciones dar respuestas efectivas y en tiempo oportuno a las crecientes expectativas sociales que se depositan en los temas de seguridad pública".

El nuevo esquema

Si bien el Código Procesal Penal ya de por sí otorga mucho más protagonismo a los fiscales y los dota de mayor poder, la reforma propuesta para la Ley Orgánica del MPF cambiará totalmente de raíz la organización de los fiscales, conforme se la conoce hoy.

Se plantea entonces un esquema basado en Fiscalías de Distrito distribuidas territorialmente. "Incorpora criterios objetivos para la división del trabajo en Unidades Fiscales que integran aquellas, orientando sus funciones en la atención al público y las víctimas, el ingreso y distribución de casos, las salidas alternativas al proceso penal, la investigación y litigación, entre otras. La distribución del trabajo dentro de estas Unidades Fiscales –en aquellas integradas por más de un magistrado– será por sorteo, salvo que estos acuerden con el Fiscal Coordinador de Distrito un sistema de asignación de casos distinto", se desarrolla en el proyecto.

De la mano de esto, se trabajará en coordinación con las Procuradurías Especializadas en Crímenes contra la Humanidad, Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Narcocriminalidad, Trata y Explotación de Personas, Violencia Institucional, así como de Defensa de la Constitución y la conversión en Procuraduría de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.

Desde el Ejecutivo buscan que la nueva organización para los fiscales sea a través de la creación de fiscalías de distritos que tendrán un coordinador y que complementará sus acciones con las procuradurías especializadas. Este punto hizo que varios fiscales pusieran el grito en el cielo dado que, según se da a entender, ya no habrá fiscales de primera instancia o de cámara, sino que todos formarán parte de distintos conjuntos divididos en distritos y que tendrán cada uno un coordinador.

Este es tal vez uno de los puntos que mayores dudas generan, dado que, según lo explica el fiscal de Cámara Ricardo Sáenz, "el proyecto consagra el blanqueo legislativo de las Procuradurías creadas en la gestión del Gils Carbó. Este constante planteo del trabajo coordinado entre estas estructuras y las fiscalías de Distrito implica en apariencia la consagración de la especialización, pero en la práctica es la ruptura de la garantía de los justiciables frente al poder del Estado. Lo que siempre denominamos la garantía del 'fiscal natural' que es aquél a quien se le adjudica el caso por sorteo o turno preestablecido antes del hecho que debe investigar. Estas estructuras tan dinámicas y en apariencia tan modernas y eficientes, atentan contra esta garantía y esconden la intención de controlar desde la coordinación de la fiscalía de distrito la distribución de las causas de una manera arbitraria y antojadiza, alejadas de la garantía que sólo nos brinda el azar, a través del sistema de turnos y sorteos".

"Las Unidades Fiscales tendrán una composición dinámica y flexible y estarán integradas por Fiscales Generales, Fiscales, Auxiliares Fiscales, Asistentes Fiscales, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal de la Nación", desarrolla el borrador. Para completar este nuevo esquema, "el fiscal coordinador de distrito será designado por un período de dos años. Sólo los fiscales generales podrán aspirar a esa función y para ello deberán presentar un plan de trabajo ante el Procurador General de la Nación, quien los elegirá en función de su propuesta e idoneidad personal para el cargo, de acuerdo con la reglamentación que se dicte al respecto".

Este apartado no tardó en hacerse eco entre muchos fiscales dado que resulta determinante la forma en que se elija a quien será el responsable de coordinar cada distrito, de manera tal que se pueda conservar su imparcialidad, de lo contrario el sistema se vería peligrosamente afectado y no ofrecería garantías para el justiciable. Ante esta iniciativa, se estipula que será la propia Procuradora quien elija al coordinador, una determinación que generó controversia en el arco opositor.

No puede dejarse de lado tampoco que la ley no define los distritos, sino que remite a una futura reglamentación que será la que dicte el Procurador General. Esto podría convertirse en un arma de doble filo, dado que de acuerdo a la conformación de los distritos, un solo coordinador puede quedar a cargo de todas las causas de corrupción de funcionarios públicos que tramitan en Comodoro Py. Esto podría suceder si, por ejemplo, la reglamentación dispusiera que existe un fiscal coordinador para el distrito Ciudad de Buenos Aires fuero federal, y otro igual para Ciudad de Buenos Aires fuero ordinario.

Polémica por el coordinador de distrito

No sólo la forma de elección del coordinador trajo consigo críticas, sino que también sus funciones fueron puestas bajo la lupa. Entre los puntos que enumera el proyecto, está el de "organizar administrativamente la distribución de los casos que ingresen a la fiscalía de distrito, mediante reglas generales y objetivas, entre las distintas unidades fiscales, según sus funciones, especialidad y criterios de actuación; cuando una Unidad Fiscal se integre por más de un magistrado, el trabajo entre ellos será distribuido por un sistema de turnos o sorteo, salvo que junto al Fiscal Coordinador de Distrito convengan otro criterio de asignación de casos".

Según empezaron a escucharse las primeras críticas, el proyecto y la nueva forma de organización de los fiscales, "no favorecería a la transparencia" dado que el sistema de asignación de causas no termina de quedar concretamente especificado, dando lugar a una amplia gama de posibilidades que van desde el sorteo, hasta la asignación de una causa a un fiscal, conforme lo disponga el coordinador.

Asimismo, el nuevo organigrama se completa con Unidades Fiscales de Fiscalía de distrito, cuyos integrantes también serán designados por la Procuradora y tendrán el rol de ejercer la acción penal y llevar adelante la investigación de los delitos cometidos en su ámbito territorial y la gestión de las salidas alternativas al proceso penal.

"El trabajo será distribuido por sorteo, salvo que junto al fiscal coordinador de distrito convengan otro criterio de asignación de casos"; esta ambigüedad en el texto se repite a lo largo de todo el proyecto y será sin dudas otro de los ejes más controvertidos.

Consultado sobre la iniciativa, el titular de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, Julio Piumato, sostuvo que "no se modifican los errores de la ley que sancionó el nuevo Código Procesal y se agrava la concentración de poder en la persona del Procurador General, hecho que como decía el propio doctor (Alberto) Binder en su intervención en el Senado, es causal de fracaso de toda la reforma". Por último destacó que "es grave que no se consulte a la representación de los trabajadores, como sí ocurrió cuando se preparaba la anterior reforma Procesal Penal, a principio de los años '90. Respeto a la carrera administrativa del personal y la ley de ingreso democrático, tampoco están debidamente garantizadas. Una mala ley de implementación del Código Procesal Penal y de Ministerio Público es probable que hagan fracasar el nuevo sistema acusatorio. El apuro y la falta de consenso es enemigo del éxito del nuevo sistema".

El nuevo proyecto que aguarda por ver la luz, ya anticipa un intenso debate público –que se está dando hoy tras bambalinas basado principalmente en las vaguedades que plantea en texto en torno a la asignación de las causas a los fiscales y, lógicamente, en lo que respecta a la nueva organización por distritos que pone dentro de un mismo conjunto y unifica las funciones de todos los fiscales; para entender este nuevo esquema es necesario olvidarse de las categorías actuales de fiscal de primera instancia, segunda instancia o de casación, por ejemplificar algunos.